Chalco, México, 12 de agosto de 2015.
En un operativo conjunto, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), detuvieron a ocho personas, entre ellos dos menores de edad y dos mujeres, por su probable participación en el delito de extorsión, cometido contra trabajadores del transporte público y comerciantes de la región de Chalco.
En atención a una denuncia anónima sobre un grupo de personas armadas, a la altura del municipio de Valle de Chalco, quienes supuestamente acababan de extorsionar a un comerciante, generó que agentes de ambas instituciones se desplegaran con la finalidad fin de ubicar a los involucrados. Por lo que los agentes estatales y ministeriales iniciaron una búsqueda y persecución, la cual culminó en las oficinas de una línea de transportistas ubicada en la colonia Centro, del municipio de Chalco, donde los ocupantes de las camionetas implicadas descendieron intentando confundirse entre los choferes.
Sin embargo, los probables sospechosos fueron ubicados y asegurados, quienes manifestaron llamarse Oswaldo Flores Espinoza, Ricardo Ramírez Luna, Leonardo Espinoza Ruiz, Carlos Antonio García Rayón, Nancy Hernández Hernández, Ariana Sánchez Chávez, Iván N.N., y Alfredo N.N. Así que mediante una inspección realizada a las camionetas en las que se trasladaban los detenidos, se localizaron dos armas largas y una corta, además de 48 cartuchos útiles de diferentes calibres y dinero en efectivo, presuntamente producto de la extorsión.
De acuerdo con las indagatorias, se presume que los probables responsables podrían forman parte de una banda delictiva con orígenes en el estado de Michoacán, la cual se dedica a la comisión de diversos delitos como extorsión y secuestro, en los municipios de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco. Por estos hechos, los probables responsables fueron presentados ante la autoridad ministerial de la PGJEM, quien inició la carpeta de investigación correspondiente y posteriormente fueron puestos a disposición de un juez, quien decretó la legalidad de su detención y habrá de determinar su situación jurídica.
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