Toluca, México, 5 de diciembre de 2016.
Dos personas detenidas por Agentes de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron sentenciadas a nueve años de prisión, al ser encontradas culpables del delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados. Cabe señalar que, esta es la primera sentencia dictada en la entidad por el delito de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados.
Así que la Autoridad Judicial con sede en Tlalnepantla les dictó esta sentencia condenatoria a Margarita Jiménez López y Gertrudis Tatiana García Jiménez, madre e hija respectivamente. Las ahora sentenciadas tenían en su domicilio a una mujer oaxaqueña, a quien explotaban mediante la servidumbre, ya que la tenían como trabajadora doméstica, vivía en condiciones insalubres y era golpeada. Los hechos se registraron en el año 2009, en un inmueble ubicado en la Hacienda de las Palmas, municipio de Huixquilucan; ahí la víctima era obligada a realizar tareas del hogar con maltratos y no se le permitía salir del domicilio.
En octubre del año 2010, la víctima aprovechó un descuido de estas personas, escapó del sitio y denunció los hechos ante la PGJEM, y el agente del Ministerio Público solicitó a un juez librar una orden de aprehensión. Cabe mencionar que, en mayo del año 2015, en una acción conjunta, Agentes de Investigación de la PGJEM y autoridades de Juchitán, Oaxaca, detuvieron a Margarita Jiménez López y Tatiana García Jiménez, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra. Ambas mujeres fueron trasladadas al Estado de México, en donde quedaron a disposición de un juez, quien decretó su libertad, pero el Representante Social apeló dicha resolución; y en septiembre del año pasado, la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia estatal revocó el auto de libertad para su reaprehensión.
Así que las dos detenidas fueron ingresadas al Centro Preventivo y de Readaptación Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla, donde un juez les dictó auto de formal prisión, y previo proceso legal les dictó la sentencia respectiva. Además de la pena privativa de libertad, las sentenciadas deberán pagar una multa de 41 mil 100 pesos, también sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos, y no se les concedió beneficio de reducción de pena.
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