El primer decreto reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México para que todas las dependencias del Ejecutivo estén obligadas a conducir sus actividades bajo el principio de igualdad de género y a promover que sus planes, programas y acciones sean realizados con perspectiva de género.
Además, la obliga a crear Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia. También reforma la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México para considerar la creación de estas unidades al interior de las dependencias del Ejecutivo, sus organismos auxiliares, los Poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos y municipios.
De acuerdo con el decreto publicado, las Unidades de Género tienen por objeto implementar e institucionalizar la perspectiva de género y fungir como órgano de consulta y asesoría.
Entre sus atribuciones están promover y vigilar que planes, programas y acciones de las dependencias sean realizados con perspectiva de género; generar acciones que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promuevan la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, el respeto a los derechos humanos y la eliminación de la discriminación.
Asimismo, dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, nacionales y estatales en materia de derechos humanos garantizando en todo momento la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres; coadyuvar en la elaboración de sus presupuestos con perspectiva de género, y ser el primer punto de contacto para los casos de acoso y hostigamiento sexual.
En tanto, el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual en el Estado de México establece acciones específicas de prevención, como la creación de subcomités de Hostigamiento y Acoso Sexual; acciones de capacitación y sensibilización, y el establecimiento de rutas de primer contacto para la atención de casos. Asimismo, marca los mecanismos de investigación y sanción del hostigamiento y el acoso sexual para garantizar que estas conductas no sean toleradas al interior de la administración pública.