Toluca, México, 31 de marzo de 2015.
El gobernador Eruviel Ávila indicó que su gobierno es una administración que sabe escuchar todas las voces, por lo que envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados local, para que el artículo 193 del Código Penal estatal, que señala sancionar con prisión a los conductores de automóviles que no tengan sus placas de circulación y que entraría en vigor el mes de junio, quede sin efectos, a fin de evitar la violación de derechos humanos.
Lo anterior, al asistir al Informe de Actividades 2014 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el titular del Ejecutivo estatal indicó que esta medida se tomó porque se estaban presentando delitos en vehículos que no contaban con placas; sin embargo, expresó su disposición de trabajar con diferentes instituciones como la Codhem, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), el Poder Judicial, así como organizaciones de la sociedad civil, para encontrar una solución a esta problemática, respetando siempre los derechos humanos.
De este modo, entregó a Elda Gómez, presidenta de la mesa directiva de la Legislatura local, la iniciativa correspondiente para evitar que estas sanciones entren en vigor en junio de este año, y expresó su confianza para que los legisladores mexiquenses la aprueben. Asimismo, Eruviel Ávila reconoció a Baruch Delgado, presidente de la Codhem, su esfuerzo para consolidar la figura del ombudsman mexiquense, y destacó que en la entidad se redujo el número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un 22 por ciento de 2013 a 2014.
El gobernador mexiquense agregó que en el caso del Estado de México, se suma al esfuerzo nacional para fortalecer los derechos humanos, mediante el impulso de reformas, invirtiendo en lo que refiere al nuevo sistema acusatorio penal y la entrada en vigor del Código Penal Nacional; además instruyó a la secretarías General de Gobierno, Salud y Educación, así como a la Procuraduría estatal, para conformar una mesa de trabajo e identificar las áreas de oportunidad para ver en qué temas la ciudadanía presenta más quejas, y subsanar las posibles deficiencias legales o de atención a las que puedan incurrir estas dependencias.
