Durante la reunión, encabezada por la Secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes Guerrero, y por el Fiscal General de Justicia estatal, Alejandro Gómez Sánchez, así como por los titulares de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra y Simón Vargas Aguilar, respectivamente, se acordó reforzar las tareas de prevención del delito en los límites de Hidalgo y el Estado de México, agilizar la reacción de cuerpos policiales ante la comisión de algún delito, identificar a las bandas de robo de hidrocarburo que operan en esta región y con Pemex impulsar una campaña de concientización social con la intención de evitar la compra de combustible de ilícita procedencia.
También acordaron mejorar, junto con Pemex, la logística en la recuperación de hidrocarburo para devolverlo de inmediato a la empresa paraestatal y establecer grupos de trabajo específicos entre las áreas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública de ambas entidades, junto con el Ejército.
En tanto, la Fiscalía General de Justicia mexiquense propuso crear un grupo de trabajo conjunto entre Hidalgo y el Estado de México, a efecto de colaborar en la investigación de delitos, realizar operativos en los que participen efectivos de ambas entidades y estrechar la comunicación y la colaboración entre las dos fiscalías para la identificación y desmantelamiento de bandas delictivas.
Por su parte, la Policía Federal reforzará el Operativo Triangulo Norte, en la región fronteriza de los estados de Querétaro, Hidalgo y el Edoméx, donde se ha registrado este tipo de actividad ilícita.
La coordinación entre el Estado de México e Hidalgo ha existido desde hace tiempo, sin embargo, el objetivo de este nuevo acuerdo es ampliar y agilizar la coordinación, buscando implementar operativos más eficaces y erradicar el robo de combustible en los dos territorios.
En esta reunión también participaron los responsables de zonas militares de Hidalgo y del Estado de México, los Secretarios de Seguridad y de Gobierno de Hidalgo, así como funcionarios del CISEN, de la Policía Federal y de la delegación de la PGR en la entidad mexiquense.
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