El aseguramiento de Gregorio Sosa Mérida y Luis Antonio Juárez León, se derivó de una denuncia ciudadana, en la que la víctima argumentó que había recibido varias llamadas telefónicas de una persona que se ostentaba como miembro de una organización criminal, quien le exigió una suma de dinero a cambio de no causarle daño a él y a su familia.
