Dos personas detenidas en agosto del año 2015, por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fueron condenados a más de 30 años de prisión, luego de que el Representante Social acreditó su probable participación en el delito de trata de personas en las modalidades de explotación a través de la prostitución ajena y usar a una persona para la práctica de prostitución o actividades sexuales remuneradas, a sabiendas de su situación de trata.
