Toluca, México, 29 de enero de 2017.
Para regular a las empresas de seguridad privada que ofrecen sus servicios en el Estado de México, la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) clausuró una empresa y puso a disposición ante las autoridades correspondientes a un custodio por no cumplir con la normatividad.
A través de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la CES clausuró a la empresa con razón social “Seguridad Privada Smarter, S.A. de C.V.”, por incumplir a los artículos 6 y 18 de la Ley de Seguridad Privada del Estado de México. En el caso del custodio de la empresa “Grupo Laji”, se puso a disposición ante las autoridades correspondientes, debido a que no contaba con los permisos correspondientes de dos vehículos que eran utilizados para el servicio de seguridad privada.
Los artículos 6 y 18 de la Lay de Seguridad Privada del Estado de México señalan:
“Artículo 6: Toda empresa de seguridad privada que deseo prestar sus servicios en el Estado de México, deberá contar con la autorización plena de los gobiernos federal y estatal. Tienen la obligación de cumplir con los debidos requisitos y disposiciones de Ley y reglamentos aplicables en la entidad, ya sea para portación de armas, vehículos debidamente identificados, etc. En caso de omitir algún requisito, será sancionada y/o clausurada”.
Artículo 18: Para prestar servicios de seguridad privada en el Estado de México, se requiere autorización previa del Gobierno Estatal, para lo cual el prestador de servicios, deberá ser persona física de nacionalidad mexicana o jurídica colectiva, constituida conforme con las leyes del País y cumplir con los requisitos establecidos en esta Ley”.
Como parte del programa de regularización de empresas de seguridad privada en el Estado de México, en el 2016 la CES cuenta con 235 empresas autorizadas para prestar estos servicios y se entregaron en esta anualidad 171 cartones de autorización, así como también se recibieron 138 solicitudes para autorización y 57 solicitudes para revalidar el permiso vigente. Por lo que el año pasado se clausuraron 81 empresas, se pusieron a disposición 83 personas, de las cuales 19 fueron ante instancias federales, y se aseguraron 29 armas de fuego, 16 que fueron presentadas ante instancias federales y 13 ante locales.
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