Toluca, México, 19 de julio de 2016.
Agentes de Investigación de La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aseguraron a Jonathan Nava Arroyo, quien presuntamente participó en los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo, cuando perdiera la vida Jacob Peláez Rojas, quien se desempeñaba como subdirector de Seguridad Pública del municipio de Chicoloapan.
El presunto homicida, fue detenido en calles del municipio de Chicoloapan, en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio. Los hechos se registraron el pasado 22 de mayo, cuando en complicidad con otros sujetos presuntamente participó en una turba, en la que murió el subdirector de Seguridad Pública del municipio de Chicoloapan.
El día de los hechos, dos jóvenes presuntamente fueron asaltados por un mototaxista de la zona, quien pretendió darse a la fuga, pero un familiar de las víctimas se percató de los hechos y solicitó la presencia de policías municipales, quienes detuvieron al probable responsable. Tras ser detenido el presunto asaltante, varios mototaxistas llegaron y presumiblemente les reclamaron a los policías municipales de la detención de su compañero, por lo que varios vecinos comenzaron a pelear con los mototaxistas, por lo que arribó al sitio el Subdirector de la policía municipal, para contener la discusión, pero fue golpeado por el grupo de choferes.
La víctima perdió la vida a consecuencia de las heridas producidas por los golpes que recibió. Por estos hechos, elementos de la PGJEM identificaron a los probables responsables del disturbio y hace unos días aprehendieron a Alejandro Granados Aguilar, quien es uno de los líderes de mototaxistas establecidos en San Vicente Chicoloapan, y supuestamente incitó a sus compañeros para que golpearan a la víctima. Este individuo fue ingresado al Penal de Texcoco, en donde quedó a disposición de un juez. Además de esta detención, se solicitó a la Autoridad Judicial librar una orden de aprehensión en contra de Nava Arroyo por estos hechos; y ya fue ingresado al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Texcoco, hasta que un juez determine su situación legal.
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